De vuelta al camino correcto

ETA estuvo a punto de ganar. Entre 1983 y 1987, el Gobierno de Felipe González organizó un grupo armado de contraterrorismo que acabó con la vida de 27 personas, algunas relacionadas con la izquierda abertzale y otras, ciudadanos independientes que tuvieron la mala fortuna de estar en el momento equivocado en el lugar equivocado y con el gobierno equivocado.

ETA ganará la partida si en el camino de su derrota los demócratas transitan por los atajos oscuros alejados de la luz y los taquígrafos de la justicia y la legalidad. La doctrina Parot es uno de esos senderos al borde del abismo, una anomalía judicial soportada para intentar poner remedio a un sistema penal obsoleto.

En 1995, el Gobierno de José María Aznar aprobó la primera reforma del código penal desde 1973, cuando la dictadura franquista, al filo del colapso, intentó lavarse la cara con una nueva reglamentación más laxa para con los miembros de ETA , por aquél entonces aplaudidos como disidentes y activistas de la democracia por la comunidad internacional. El Gobierno Aznar revisó al alza las penas para los delitos contra la integridad física de las personas, de 20 a 30 años, un nuevo estatus que no podía ser aplicado a los terroristas ya juzgados, hasta que la arbitrariedad de la clase política, con la connivencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, hizo extensible la doctrina a los presos cuyos delitos se remontaban a fechas anteriores a 1995.

Un remiendo mal cosido, uno de esos atajos al margen del camino correcto, malogrado por una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, que en la aplicación de su concepto de universalidad no entiende de víctimas o verdugos. La salida de prisión de Inés del Río, una asesina de 24 personas, de Pablo Manuel García Ribado, violador de 74 mujeres o de Miguel Ricart, el verdugo de las niñas de Alcàsser, es una noticia que, aunque dolorosa y difícil de encajar, confirma a la justicia y el estado de derecho como la única vía posible para la consecución de la democracia. Porque si la democracia se pierde por la senda de los atajos inhóspitos, corre el peligro de regresar a las tinieblas de los tiempos pasados.

En esta España de conmigo o contra mi, buena parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo se han dejado corromper por el sectarismo de trinchera de la casta política, hasta el extremo de haberse transformado en una carta electoral que los partidos juegan a su antojo. Aunque cuentan con la solidaridad de todos, ser víctimas de algo no les convierte en mejores que nadie y, afortunadamente, en los países democráticos, las victimas no pueden ser jueces de sus verdugos.

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